El nuevo entorno fiscal y de fiscalización marca un punto de quiebre para proveedores, prestadores de servicios y constructoras que dependen del presupuesto público, elevando de manera sustancial los estándares de legalidad, transparencia y materialidad.
Durante años, una parte del sector privado que contrata con el gobierno operó bajo la falsa percepción de que facturar al Estado era un territorio flexible, una zona gris donde bastaba presentar papeles, sellos y transferencias para justificar operaciones. Ese modelo está llegando a su fin. En 2026, no será suficiente emitir una factura: será indispensable demostrar que la operación existió, que el servicio se prestó, que la obra se ejecutó y que la empresa contaba con capacidad real para hacerlo.
Contratar con el gobierno ya no es solo facturar
Uno de los cambios más relevantes que introduce la reforma fiscal 2026 es el fortalecimiento del principio de materialidad. La autoridad fiscal ya no se conformará con la existencia formal de un comprobante fiscal; exigirá pruebas objetivas de que las operaciones ocurrieron en la realidad económica.
Esto implica que las empresas deberán acreditar, entre otros elementos:
- Que el servicio fue prestado por quien lo facturó.
- Que la obra se ejecutó conforme al contrato.
- Que existió personal suficiente y capacitado.
- Que se utilizaron maquinaria, equipo e insumos reales.
- Que la operación es congruente con la actividad económica del contribuyente.
Para las empresas que dependen de contratos públicos, este cambio representa una transformación profunda en la forma de documentar, ejecutar y respaldar sus operaciones.
Los sellos fiscales: el punto de quiebre en 2026
En 2026, los sellos fiscales digitales se convierten en un verdadero parteaguas. La cancelación o restricción de sellos dejará de ser una amenaza retórica para convertirse en una consecuencia tangible para quienes no puedan demostrar la materialidad de sus operaciones.
El impacto es directo y devastador para cualquier empresa:
- Sin sellos fiscales no se pueden emitir facturas.
- Sin facturación no hay flujo de efectivo.
- Sin flujo no se pueden cumplir contratos.
- Sin cumplimiento, se pierden contratos públicos.
Desde la óptica de RMR Abogados, la cancelación de sellos no solo es una sanción fiscal, sino un mecanismo de exclusión del mercado público. Muchas empresas descubrirán que facturar sin sustento real tiene consecuencias inmediatas y, en algunos casos, irreversibles.
EFOS y simulación de operaciones: tolerancia cero
La reforma fiscal 2026 endurece de manera significativa el cerco contra las Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS) y contra quienes utilizan sus servicios. La práctica de subcontratar a terceros para facturar servicios que nunca se realizaron tiene nombre, estructura y consecuencias penales y fiscales.
Estas prácticas no solo constituyen evasión fiscal; representan un fraude que drena recursos públicos, distorsiona la competencia y perjudica a las empresas que sí operan de forma legítima.
El mensaje de la autoridad es inequívoco: quien apueste por esquemas de simulación lo hará bajo su propio riesgo. La responsabilidad ya no se diluye entre intermediarios; alcanza tanto a quien factura como a quien deduce, paga o recibe recursos públicos bajo esquemas artificiales.
El fin de la zona gris en la contratación pública
La reforma fiscal 2026 marca el cierre definitivo de la llamada “zona gris” en la contratación pública. Ya no será viable justificar operaciones únicamente con documentación formal cuando la realidad económica no las respalda.
Para muchas empresas acostumbradas a operar en esquemas de simulación, este nuevo entorno resulta incómodo e incluso amenazante. Sin embargo, desde una perspectiva estructural, la reforma beneficia al mercado en su conjunto.
Un beneficio claro para las empresas que sí cumplen
El endurecimiento de la fiscalización no debe interpretarse como un castigo al sector productivo. Por el contrario, la reforma fiscal 2026 representa una depuración necesaria del mercado que contrata con el Estado.
Las empresas que cuentan con:
- Trabajadores reales y registrados.
- Capacidad operativa comprobable.
- Cumplimiento fiscal constante.
- Contratos ejecutados conforme a derecho.
- Estructuras corporativas transparentes.
se verán fortalecidas en un entorno donde la competencia desleal basada en la simulación pierde terreno.
El nuevo estándar para hacer negocios con el gobierno
El mensaje de la reforma fiscal 2026 es contundente: quien quiera hacer negocios con el gobierno deberá estar limpio fiscalmente, operar de verdad y poder demostrarlo.
El presupuesto público deja de ser refugio para empresas de papel, intermediarios sin sustancia o estructuras creadas únicamente para mover facturas y dinero. La contratación pública exige ahora congruencia total entre lo que se factura, lo que se cobra y lo que se ejecuta.
Riesgos legales y fiscales para quienes no se adapten
Las empresas que ignoren este nuevo contexto enfrentan riesgos severos:
- Cancelación de sellos fiscales.
- Determinación de créditos fiscales elevados.
- Restricción para contratar con el gobierno.
- Responsabilidad solidaria.
- Procedimientos administrativos y penales.
Desde la experiencia de RMR Abogados, muchos de estos riesgos no surgen por dolo directo, sino por estructuras mal diseñadas, deficiente documentación o desconocimiento del alcance real de la fiscalización actual.
La reforma fiscal 2026 redefine las reglas del juego para quienes hacen negocios con el Estado. La simulación pierde, la opacidad se castiga y la materialidad se convierte en la piedra angular del cumplimiento fiscal.
En este nuevo escenario, solo permanecerán las empresas que operen de manera real, transparente y verificable. Para algunas, esto implicará ajustes profundos; para otras, una oportunidad de consolidarse en un mercado más limpio y competitivo.
En RMR Abogados acompañamos a proveedores, contratistas y empresas que trabajan con el gobierno en la revisión de su estructura fiscal, contractual y operativa, ayudándoles a adaptarse al nuevo estándar de legalidad que exige la reforma fiscal 2026.
