La reciente reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) impacta con fuerza al sector inmobiliario en México, imponiendo un marco más riguroso y detallado para la protección y defensa fiscal de las empresas que operan dentro de este sector estratégico. Con la entrada en vigor de nuevas reglas en 2025, las obligaciones para asesores, desarrolladores y agentes inmobiliarios se amplían significativamente, adquiriendo una dimensión que va más allá del simple cumplimiento formal y que exige un replanteamiento profundo en la forma en que se gestionan las operaciones, a fin de evitar riesgos legales y sanciones económicas severas.
El umbral de reporte se ha fijado en 907,948 pesos, lo que obliga a reportar no solo operaciones de compraventa, sino ahora también la recepción de recursos para proyectos de construcción o desarrollo inmobiliario. Esta expansión del concepto de actividad vulnerable convierte a todos los participantes en actores sujetos a una supervisión fiscal y financiera más estricta, donde las auditorías internas o externas, la capacitación obligatoria y la implementación de sistemas automatizados de gestión de riesgos no son recomendaciones, sino mandatos legales. Además, las empresas inmobiliarias deben ampliar considerablemente la conservación documental, duplicando el plazo a 10 años, y reforzar la identificación de clientes, destacando la exigencia de revisar si los involucrados son personas políticamente expuestas o tienen vínculos con actividades de alto riesgo.
En este complejo entorno, la experiencia y el respaldo de un despacho especializado como RMRAbogados se vuelven esenciales. Con más de 30 años de trayectoria, RMRAbogados se posiciona como un pilar fundamental en la defensa fiscal y compliance para empresas inmobiliarias, aportando no solo la actualización y adaptación a la nueva legislación, sino también soluciones prácticas y estratégicas para blindar a sus clientes ante posibles contingencias. La firma asesora la creación de programas integrales de cumplimiento que incluyen manuales claros, formación continua del personal, implementación de tecnología para monitoreo permanente y sistemas de due diligence dinámicos que permiten una supervisión constante de la cadena de clientes y proveedores.
Además, RMRAbogados propone esquemas contractuales innovadores que contemplan cláusulas de responsabilidad compartida y mecanismos preventivos para la suspensión inmediata de relaciones comerciales cuando se detecten riesgos de lavado de dinero sin que ello implique penalidad para la empresa diligente. Asimismo, su asesoría especializada incluye representación legal en inspecciones y auditorías de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y otras autoridades, garantizando que las empresas inmobiliarias puedan enfrentar la reforma no como una amenaza, sino como una oportunidad para posicionarse con mayor solidez, transparencia y competitividad en el mercado.
La reforma antilavado 2025 exige a las empresas inmobiliarias una revisión profunda de sus procesos internos y una transformación cultural hacia la prevención y la integridad fiscal. La experiencia de RMRAbogados en este ámbito, combinada con un conocimiento profundo de la normativa y las mejores prácticas internacionales, ofrece el acompañamiento necesario para navegar con éxito este cambio regulatorio trascendental, protegiendo el patrimonio y la reputación de sus clientes en un sector cada vez más vigilado y regulado. En suma, contar con un aliado como RMRAbogados es la clave para asegurar el cumplimiento efectivo, mitigar riesgos fiscales y fortalecer la defensa legal ante un escenario donde la transparencia y la diligencia son imperativos ineludibles.
