13 de abril de 2020
A partir de febrero de 2020, nuestro país empezó a registrar los primeros casos de COVID-19.
La amenaza e impacto en la población de tal virus llevó al Consejo de Salubridad General a declarar una “emergencia sanitaria”, así como estableció medidas sanitarias (suspensión de actividades), obligatorias que impactan a una parte importante de las empresas de nuestro país. Esto a finales de marzo de 2020.
Lo anterior ha propiciado que nuestra economía se ralentice, e incluso expertos en materia económica han pronosticado una contracción económica severa a nivel nacional e internacional al afectarse la oferta y demanda de bienes. Esto aunado a la caída de los precios del petróleo y la devaluación del peso mexicano.
Uno de los efectos en las empresas será una afectación a su flujo operativo, así como una posible caída en las ventas de bienes y servicios, es decir, es inexorable un problema de flujo y financiero.
Ante dicho panorama económico, el Ejecutivo Federal ha tomado algunas medidas administrativas, como lo son, (i) un recorte a los salarios de servidores públicos, así como la eliminación de su aguinaldo e (ii) igualmente instruyó vía Decreto, que se concentren en la Tesorería de la Federación, los recursos disponibles en fideicomisos públicos.
En materia tributaria se ha señalado que no es viable otorgar estímulos fiscales en apoyo a contribuyentes, pues esto comprometería el financiamiento a programas sociales.
Más aun, el C. Presidente de la República informó este el pasado 08 de abril, que “grandes contribuyentes” adeudan al fisco federal más de 50 mil millones de pesos, por tanto, en lugar de concedérseles su petición de estímulos fiscales, tales contribuyentes debieren para tales adeudos.
Por su parte, el Servicio de Administración Tributaria planteó a los contribuyentes ser solidarios con el Gobierno Federal, y les invitó a cumplir puntualmente con el pago de impuestos.
En un boletín de prensa de fecha 08 de abril de 2020, el SAT informó que, durante el primer trimestre de 2020, la recaudación federal se incrementó en 13.4% en términos reales (con respecto el mismo periodo de 2019). Igualmente se destaca en dicho boletín, que el cobro de accesorios (multas, recargos y actualización) se incrementó en un 76%.
Igualmente señaló en tal boletín de prensa, que la recaudación por actos de fiscalización se incrementó en un 117% en términos reales. Así también, se señala que la presentación de declaraciones por personas morales aumentó en un 9%.
Con base en la información disponible, así como los datos publicados por el Gobierno Federal, es inconcuso que las autoridades fiscales realizarán todo lo que esté a su disposición para incrementar la recaudación, mientras que algunas (bastantes) empresas estarán resintiendo un flujo operativo limitado.
Como solución a lo anterior hemos escuchado de algunas asociaciones empresariales o “asesores” fiscales iniciar una “rebeldía fiscal” o bien disminuir el pago de impuestos indiscriminadamente.
Así también, algunos abogados proponen recurrir al juicio de amparo para que el Ejecutivo Federal otorgue medidas o beneficios fiscales.
Debemos tener en cuenta que omitir la declaración de ingresos es un delito fiscal, así como el registro de deducciones falsas, o bien adquirir comprobantes fiscales para tales fines.
Nuestra sugerencia es analizar las alternativas que existen en las leyes fiscales para eficientizar el pago de impuestos, si fuere posible según sea la situación particular de cada empresa.
Finalmente, en nuestra experiencia, consideramos que es poco probable que a través de un juicio de amparo se obligue al Ejecutivo Federal a otorgar beneficios fiscales, no es una opción viable.
Lic. Reginaldo Montaño Rodríguez
Montaño Rodríguez Consultores Fiscales, S.C.
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