A través de la reforma fiscal para 2020, se incorporó en la Ley del Impuesto sobre la Renta una medida “antielusiva”, a través de la cual, se limita la deducción de los intereses devengados a cargo por las empresas, cuando estos excedan de 20 millones de pesos.

La limitante consiste en que tales intereses serán deducibles hasta por el monto que resulte de aplicar el factor de 30%, a la utilidad fiscal ajustada del ejercicio. El excedente podría deducirse, bajo ciertas reglas, en ejercicios subsecuentes.

La medida tiene como efecto, que la base de cálculo de ISR sea mayor y por lo tanto el impuesto a pagar.

Coyunturalmente, dicha medida tuvo eficacia a partir del entorno de 2020, año en el cual se presentaron fenómenos inesperados como la pandemia y una disrupción de la estabilidad económica global, lo cual ha trascendido hasta el 2022 con una mayor inflación y alza en tasas de interés de referencia (Banco de México).

Es el caso que un número importante de contribuyentes interpusieron en su contra demandas de amparo (indirecto).

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un boletín de prensa, a través del cual informa que en sesión del 29 de junio de 2022 reconoció la constitucionalidad de la fracción XXXII del artículo 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Entre los argumentos que se citan en dicho boletín, son los siguientes:

  1. La medida es congruente con la obligación de contribuir al gasto público;
  2. No se prohíbe la deducción de intereses sino se limita temporalmente.
  3. Tiene como finalidad evitar el sobreendeudamiento de empresas lo cual propicia la erosión de la base gravable;
  4. El Legislador, a través de su libertad de configuración de tributos, tiene legitimidad para establecer medidas antielusivas.

El amparo (masivo) contra leyes fiscales tiene tal vez 20 años de no ser un instrumento de difícil útil, no nos sorprende la decisión de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mas aun si de concederse el amparo propiciaría la obligación del fisco federal a devolver cantidades importantes (en un contexto de presión recaudatoria).

Lo que estaría pendiente de reconfirmar es si la votación en Primera Sala fue idónea para crear jurisprudencia (con nuevas reglas de conformación), y de ser así, los amparos interpuestos estarían resueltos desfavorablemente; aun si no se configuró jurisprudencia, es posible que los amparos se resuelvan con este criterio.

Nuestra recomendación es que las empresas revisen con detenimiento cómo determinaron el interés deducible a partir de 2020, ya que sin duda el SAT iniciará un programa de revisión de la partida una vez que se declaró la constitucionalidad de la misma.

 

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