En medios digitales se publica una nota sobre una jurisprudencia que acaba de formarse en sesión de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la cual se resuelve sobre la constitucionalidad o validez del artículo 142, fracción IV de la Ley de Instituciones de Crédito.

En tal disposición se prevé que tiene el carácter de confidencial, la información y documentación de operaciones bancarias, con lo cual se establece una prohibición para su divulgación o entrega a terceros, con algunas excepciones, entre ellas,  cuando lo soliciten autoridades hacendarias con fines fiscales.

Por otra parte, en la fracción IV del artículo 32-B del Código Fiscal de la Federación, se establece la obligación para las entidades financieras de proporcionar a las autoridades fiscales, en forma directa o por conducto de la CNBV, la información de las cuentas, depositos, servicios, fideicomisos, créditos o préstamos o personas.

Lo anterior siempre que la solicitud esté relacionada con el ejercicio de facultades de comprobación a que se refieren los artículos 22 (devoluciones) y 42 (auditorías) del Código Fiscal de la Federación, el cobro de créditos fiscales y la ejecución del procedimiento administrativo de ejecución.

Por tanto, existe tanto una excepción al derecho de privacidad de los contribuyentes, como una obligación a cargo de entidades financieras, en lo relacionado a la entrega de información “bancaria” del contribuyente, bajo la condicionante de que sea solicitada por la autoridad fiscal en el contexto del ejercicio de facultades, o bien el cobro, incluso coactivo, de crédito fiscales.

 

Con la declaratoria de constitucionalidad del artículo 142, fracción IV de la Ley de Instituciones de Crédito, se desvanecen argumentos de defensa centrados en la violación al derecho de privacidad de los contribuyentes.

La discrecionalidad del fisco de solicitar información financiera de contribuyentes, no debe confundirse con una arbitrariedad. En todo caso debe fundar y motivar que procede la entrega de dicha información, al existir un proceso de fiscalización en marcha o bien un adeudo (crédito fiscal) pendiente de cobro.

Relacionado con lo anterior, en el terreno de los hechos, los depósitos bancarios son un elemento importante dentro del proceso de fiscalización que conducen las autoridades; es común que las autoridades requieran los estados de cuenta bancario al iniciar una revisión, y en caso de que no se entreguen tienen la facultad de solicitarlos directamente o a través de la CNBV.

Por todo lo anterior, los asientos contables de la empresa relacionados con movimientos bancarios deben tener un debido soporte documental (prueba idónea-fecha cierta); no pasemos por alto que la autoridad fiscal tiene la facultad de presumir, salvo prueba en contrario, que los depósitos bancarios son ingreso para fines de impuesto sobre la renta y valor de actos para fines del impuesto al valor agregado; así también, la omisión de ingresos en la declaración es defraudación fiscal específica.

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