En la actualidad, las autoridades fiscales tienen a su disposición una amplia gama de opciones normativas para sancionar jurídicamente el incumplimiento a disposiciones fiscales, así como para combatir la elusión y evasión fiscal.

Por otra parte, la discrecionalidad administrativa de la cual gozan las autoridades, les permite la vía por la cual conminarán o exigirán al contribuyente cumplir con sus obligaciones fiscales, formales o de fondo.

En determinados casos, cuando exista una conducta del contribuyente que pueda representar la comisión de un delito fiscal, la autoridad tiene la discrecionalidad de presentar una querella ante el Ministerio Público o bien perseguir la misma a través del derecho administrativo sancionador.

En el Informe Tributario del Primer Trimestre de 2022 del SAT, se establece que durante el primer trimestre del presente año se denunciaron penalmente 186 contribuyentes; los delitos en cuestión fueron los relacionados con el RFC, impresión ilegal de CFDI´s, desobediencia y resistencia de particulares, fraude de acreedores, falsificación de documentos en general, conductas relacionadas con contabilidad y documentación.

En la actualidad se presentan casos de querellas por la posible comisión de un delito fiscal, con respecto conductas que en el pasado eran objeto de una resolución determinante de impuestos.

En días recientes me tocó conocer de un caso en donde las autoridades fiscales presentaron querella bajo el argumento que el contribuyente había percibido ingresos mayores a los reflejados en su declaración anual; en años anteriores sería improbable la judicialización de este tipo de asuntos.

Es el caso de un contribuyente, persona física, que recibió préstamos de la empresa en la cual es accionista; el SAT inició facultades de comprobación y concluyó que dicho préstamo era un dividendo ficto en términos del artículo 140 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (ingreso gravable omitido del ejercicio fiscal).

Por su parte, en la querella que presentó la autoridad hacendaria se planteó que el contribuyente omitió declarar como ingreso, el valor de depósitos bancarios (préstamo recibido/dividendo ficto), por tanto, su conducta se ubicó en el supuesto del artículo 109, fracción I del Código Fiscal de la Federación (consignar, en declaraciones, ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos).

Como lo hemos señalado con anterioridad, las autoridades han masificado el programa de “vigilancia profunda” así como están implementando con mayor frecuencia revisiones electrónicas pero también están judicializando, en ciertos casos y bajo contextos especiales, el incumplimiento de disposiciones fiscales.

Es importante que la empresa tenga una debida pero sobre todo oportuna defensa fiscal para poder evitar ser objeto de querellas por parte de las autoridades.

 

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