La estrategia toral del SAT para 2022, es incrementar su recaudación secundaria (actos de fiscalización y eficiencia recaudatoria).

Una medida legislativa aprobada hace algunos años y que ahora está siendo utilizada para tales propósitos, son las revisiones electrónicas; éstas son procedimientos sumarios y asertivos de fiscalización e incluso son la consecuencia de omitir atender requerimientos en el contexto del programa de “vigilancia profunda”.

La revisión electrónica inicia con la notificación de una resolución provisional e incluso una preliquidación, en la cual dan a conocer las observaciones detectadas con base en el análisis de información que obra en base de datos del SAT.

A diferencia de los actos de fiscalización tradicionales (visita domiciliaria o revisión de gabinete), en este caso no existen requerimiento de información ni tampoco un plazo de 12 meses para concluir la fase de fiscalización.

En la resolución provisional o preliquidación, se concede un plazo de 15 días hábiles para refutar las observaciones del SAT, y en su caso, ofrecer pruebas; después de la respuesta del contribuyente, la autoridad puede requerir información adicional o bien compulsar a un tercero, si así lo considera conveniente.

Una vez concluido dicho procedimiento sumario, la autoridad cuenta con un plazo de 40 días hábiles para emitir su oficio determinante. El plazo total que pueden durar estas revisiones es de 6 meses (a diferencia de los 19 meses que puede durar una revisión tradicional), salvo la materia de comercio exterior.

En virtud de que el SAT inicia el procedimiento con una resolución provisional o preliquidación, es importante revisar constantemente el buzón tributario y, en su caso, dar respuesta inmediata al acto de autoridad (el plazo para responder es corto) o incluso solicitar un acuerdo conclusivo ante Prodecon (si así conviniere).

Los conceptos que se están revisando a través de este tipo de resoluciones son asertivos, son inconsistencias detectadas por las herramientas tecnológicas del SAT, las cuales van desde discrepancia en declaraciones hasta retenciones omitidas.

Por lo anterior hemos recomendado atener oportunamente los requerimientos de “vigilancia profunda” para evitar revisiones electrónicas, y si se notificará una resolución provisional o preliquidación atenderla con un enfoque de defensa fiscal.

 

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