La nueva Ley de Economía Digital plantea una pregunta que va más allá de la modernización de los sistemas de pago: ¿puede una autoridad administrativa determinar qué actividades económicas dejarán de aceptar dinero en efectivo?
El 20 de octubre de 2026, el Senado de la República aprobó el proyecto de Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos y lo remitió al Ejecutivo Federal. Al 3 de noviembre de 2026, el Sistema de Información Legislativa lo registra como turnado al Ejecutivo, pendiente de publicación en el Diario Oficial de la Federación. Por tanto, sus disposiciones todavía no deben tratarse como obligaciones vigentes.
El proyecto busca promover los pagos electrónicos, facilitar el acceso a servicios financieros y reducir la dependencia del efectivo. Sin embargo, también incorpora facultades regulatorias cuyo alcance merece un análisis jurídico más profundo.
¿Quién decidirá dónde será obligatorio pagar digitalmente?
El artículo 13 del texto aprobado establece que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) determinará los sectores estratégicos y actividades relevantes en los cuales los pagos digitales y electrónicos podrán constituir la única forma de pago. Esto significa que el Congreso no identificó directamente los sectores sujetos a esa eventual restricción; la determinación quedaría a cargo de Hacienda.
Por su parte, el artículo 14 establece que las autoridades competentes de cada sector emitirán las disposiciones administrativas necesarias para definir condiciones, requisitos, obligaciones y mecanismos de transición.
El proyecto tampoco establece una prohibición general del efectivo. Fuera de los sectores designados, la adopción de pagos digitales por los proveedores de bienes y servicios tiene carácter facultativo. La distinción es importante: promover una forma de pago no es jurídicamente lo mismo que convertirla en obligatoria y exclusiva.
La cuestión constitucional: los límites de la facultad regulatoria
El Congreso puede conferir atribuciones normativas a órganos administrativos mediante las denominadas cláusulas habilitantes. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido la validez de estos mecanismos, particularmente cuando se trata de materias técnicas, especializadas o sujetas a cambios constantes.
Sin embargo, esa posibilidad no es ilimitada. La jurisprudencia constitucional exige que el legislador establezca bases y parámetros generales que delimiten las facultades administrativas y eviten decisiones arbitrarias.
Aquí surge el principal cuestionamiento al artículo 13 de la Ley de Economía Digital. El proyecto utiliza las expresiones sectores estratégicos y actividades relevantes, pero no desarrolla criterios materiales específicos para determinar qué actividades serán seleccionadas. Tampoco establece expresamente factores como la disponibilidad de infraestructura, la capacidad económica de los establecimientos o las condiciones de acceso a servicios financieros de los usuarios.
Esto permite formular una pregunta relevante desde los artículos 14 y 16 constitucionales: ¿la ley establece parámetros suficientemente determinados para que los particulares conozcan los límites de la facultad conferida a Hacienda?
La respuesta no puede anticiparse de manera categórica. La ausencia de un catálogo de sectores no vuelve automáticamente inconstitucional la disposición. No obstante, la amplitud de la habilitación constituye un aspecto jurídicamente discutible, particularmente si su ejercicio restringe de manera significativa las actividades de comerciantes o prestadores de servicios.
¿Qué sucede con la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos?
Existe otro problema que deberá analizarse cuando se emitan las disposiciones de implementación:
El artículo 4 de la Ley Monetaria reconoce el poder liberatorio ilimitado de los billetes del Banco de México.
El artículo 6 establece obligaciones para las oficinas públicas respecto de la recepción de moneda metálica en el pago de impuestos, servicios y derechos.
El artículo 7 regula el cumplimiento de obligaciones denominadas en moneda nacional mediante billetes y monedas, mientras que el artículo 9 establece el carácter irrenunciable de determinadas disposiciones monetarias.
Frente a estas reglas, cabe preguntarse cómo operaría una disposición administrativa que estableciera exclusivamente medios de pago digitales para determinadas actividades. La respuesta requiere distinguir entre el reconocimiento del poder liberatorio de la moneda y la regulación de las formas de pago aplicables a operaciones específicas.
También deberá considerarse que el proyecto de Ley de Economía Digital reconoce la aplicación del marco jurídico especial y contiene una disposición transitoria que deroga las normas que se opongan a la nueva legislación. Por ello, no sería correcto concluir que existe automáticamente una violación constitucional por la sola coexistencia de ambos ordenamientos. El análisis dependerá del alcance concreto de la restricción, de su fundamento legal y de la posibilidad de interpretar armónicamente las disposiciones aplicables.
Inclusión financiera y proporcionalidad de las restricciones
La finalidad de ampliar el acceso a medios de pago digitales puede ser legítima. La discusión jurídica surge cuando el instrumento utilizado para alcanzar ese objetivo afecta a personas o establecimientos que no cuentan con condiciones suficientes para utilizarlo.
Por ejemplo, una disposición que exija exclusivamente pagos electrónicos podría generar dificultades cuando existan problemas persistentes de conectividad, limitaciones tecnológicas o barreras de acceso a servicios financieros. También podrían surgir costos de implementación para los establecimientos comprendidos en los sectores designados.
Estas circunstancias no determinan, por sí solas, la invalidez de una regulación. Sin embargo, pueden resultar relevantes para evaluar su razonabilidad y proporcionalidad. Una implementación jurídicamente sólida debería apoyarse en criterios objetivos, mecanismos de transición y alternativas que eviten exclusiones injustificadas.
¿Podrían impugnarse las disposiciones que restrinjan el efectivo?
La aprobación del proyecto no significa que exista actualmente una restricción general susceptible de reclamarse por cualquier comerciante. Primero deberá publicarse el decreto y, posteriormente, conocerse las determinaciones de Hacienda y las disposiciones aplicables a cada sector.
Cuando exista una afectación jurídica concreta, deberá evaluarse la posibilidad de promover los medios de defensa procedentes, incluyendo, en su caso, el juicio de amparo. Entre las cuestiones que podrían examinarse se encuentran la suficiencia de la habilitación legislativa, la competencia de la autoridad emisora, la fundamentación y motivación de sus decisiones y la proporcionalidad de las obligaciones impuestas.
Debe precisarse también que el proyecto no establece un régimen sancionador autónomo. La eventual imposición de sanciones requerirá identificar una base legal suficiente en el ordenamiento aplicable.
Conclusión: la modernización de los pagos también exige seguridad jurídica
La Ley de Economía Digital representa un cambio importante en la política de pagos de México, pero su alcance definitivo dependerá de decisiones regulatorias posteriores. El debate no consiste en determinar si los pagos digitales son convenientes —sus beneficios operativos y financieros pueden ser significativos—, sino en cómo asegurar que las facultades administrativas destinadas a impulsar la digitalización se ejerzan dentro de límites jurídicos claros y respeten los derechos de los particulares.
Para las empresas, será fundamental identificar las disposiciones que eventualmente resulten aplicables a su sector, evaluar su alcance y distinguir entre obligaciones legalmente exigibles y medidas de adopción voluntaria.




